Editorial: Protagonista de un pésimo culebrón

Augusto Galán Sarmiento. MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Hay semanas que no traen hechos nuevos, sino la confirmación de una tendencia. Lo ocurrido en los últimos días con la Nueva EPS -la renuncia de su cuarto agente interventor, el vencimiento de la medida de intervención sin una decisión clara de prórroga o levantamiento, y la designación de un nuevo interventor sin las calidades técnicas precisas- no es una anécdota. Es, más bien, un capítulo adicional de un culebrón que el país ya conoce y que sería una comedia si no hubiera vidas humanas de por medio.

Cambios hechos a los trancazos, sin método, diálogo ni rigor; con el propósito de eliminar el aseguramiento en salud.

Porque si algo ha caracterizado la política sanitaria de este gobierno Nacional es la acumulación de decisiones que, en conjunto, dibujan un rumbo inequívoco. No se trata de una reforma que se haya aprobado en el Congreso; es una transformación que ha buscado imponer por la vía de los hechos. Intervención de múltiples EPS, control progresivo del flujo de recursos, concentración de funciones en ADRES, desmantelamiento técnico del Ministerio, y la inducción de convertir las aseguradoras en simples operadores administrativos sin capacidad real de gestionar el riesgo de su población.

El caso de Nueva EPS es protagonista y paradigmático. No solo por su tamaño -que con el 23 % de la población es un pilar del sistema- sino porque ha sido utilizada como instrumento de una política fracasada. Primero, como entidad sometida a una presión operativa y financiera creciente y finalmente, como objeto de intervención estatal. Hoy, más que una EPS, es un cascarón intervenido, sin autonomía, que opera bajo directrices centralizadas, ajenas a la técnica, y que usan de laboratorio para el modelo que el gobierno pretende instaurar.

Pero Nueva EPS no está sola. La intervención de más entidades -Emssanar, Famisanar, Asmet Salud, Savia Salud, SOS, entre otras- tiene, desde hace más de un par de años, la atención de salud de la mitad de la población del país bajo operación estatal directa. Esto no ha sido un accidente ni una coincidencia, ha sido la materialización de una estrategia que ha optado por debilitar el aseguramiento desde adentro, con el propósito de hacerlo irrelevante.

A esta dinámica se ha sumado un elemento particularmente delicado y de profundas implicaciones institucionales. El incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional de Colombia para garantizar la financiación adecuada del sistema. Los autos recientes han sido claros en advertir la necesidad de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a los costos reales, y asegurar la suficiencia de recursos. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido evasiva, por no decir que inconstitucional.

Para muchos analistas -cada vez con mayor evidencia- esta situación configura un escenario de desfinanciación deliberada. Sin evadir que el sistema tenga problemas delicados, que los tiene, sino porque obviamente, la insuficiencia de recursos terminó por agravar las fallas existentes, deteriorar la capacidad operativa de las EPS y generar las condiciones con las que luego justifican sus acciones. Ha sido un círculo que se retroalimenta. Las debilitan financieramente, magnifican sus fallas y las intervienen bajo el argumento de corregirlas.

Buscan establecer un esquema más cercano a un sistema nacional de salud, con fuerte centralización estatal y con pérdida de los mecanismos de competencia y gestión del riesgo que han caracterizado al modelo de aseguramiento. Un esquema que se aproxima al anacronismo de experiencias como la del Fondo de Salud del Magisterio -FOMAG- y se aleja de sistemas robustos de salud pública con capacidades consolidadas.

No se trata de defender un modelo por inercia ni de desconocer sus problemas. El sistema de seguridad social en salud colombiano requiere ajustes, correcciones y cambios. Pero lo que estamos presenciando no es una reforma ordenada, discutida y consensuada. Es una transformación fragmentada, con decisiones administrativas que no siempre guardan coherencia entre sí y que se implementan mal en medio de una creciente incertidumbre institucional.

La situación de Nueva EPS sucede en una organización que atiende a millones de colombianos como una señal de incompetencia en la conducción de un proceso que debería ser, por definición, técnico, riguroso y predecible. Lo ocurrido no es aislado. Es la continuidad de una narrativa que avanza capítulo a capítulo, con giros previsibles y desenlaces aún inciertos. Un novelón que lejos de ofrecer una solución clara, insiste en un camino que ha debilitado lo existente sin asegurar la solidez de lo que vendrá.

Lo más condenable es que esas determinaciones han puesto en juego la garantía efectiva del derecho a la salud de millones de colombianos. Y esa garantía sigue dependiendo, en el gobierno presente, de más improvisaciones, de decisiones coyunturales y de apuestas ideológicas contradictorias con las necesidades operativas del sistema.