Cobertura de afiliación 16/04/2026
De acuerdo con la OMS la cobertura universal se entiende como “el acceso de todas las personas a toda la gama de servicios de salud de calidad que necesitan, cuando y donde los necesitan, sin tener que sufrir dificultades económicas por ello. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos a lo largo de la vida” (1).
Colombia decidió adherirse a la agenda internacional propuesta desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estableciendo la Comisión Interinstitucional para el Alistamiento y efectiva Implementación de la agenda Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual fue encargada de la preparación, implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento de la agenda del país para el cumplimiento de las metas. En esta comisión se encuentran miembros como el DNP, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Presidencia de la República, el Departamento para la Prosperidad Social, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2).
La meta específica para la cobertura en salud contempla lo siguiente: “Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos” (3), de acuerdo con el informe del 2024 emitido por las Naciones Unidas, desde el 2020 al 2021 se incrementó la cobertura en salud en cerca de un 15%, cifra muy baja para las metas propuestas a 2030 (4). Por su parte, Colombia tuvo un punto máximo de cobertura, en el que alcanzó la meta propuesta del 100% de cobertura en 2015 y aunque se mantiene en una cobertura alta, ha decrecido en forma lenta pero permanente desde el 2022, llegando al 98,23% en enero de 2026 (ver gráfico 1), cifras que aunque porcentualmente no parecen significativas pero en números absolutos equivale a poco más de un millón de personas que ya no tienen cobertura en salud, por lo tanto el llamado es a revisar que pasa con ese 2% que no ha podido ser incluido en el sistema de salud.
De igual forma es imperante revisar si esa cobertura cerca a la “universalidad”, está cumpliendo con los requisitos de la meta específica del ODS 3.8 en la que se solicita que esta cubra los aspectos de acceso a servicios, medicamentos, vacunas etc., seguros, eficaces, asequibles y de calidad, en resumen, un acceso efectivo.
Al revisar la población que se encuentra vinculada de manera formal se encuentra que continúa disminuyendo progresivamente el porcentaje de la población contributiva e incrementando la subsidiada aumentando cada vez más la brecha entre los dos regímenes, la cual se encontraba con un margen del 7,75% de diferencia entre estos estos, pero para la presente edición se observa un aumento del 1,4% en dicha brecha, situación que empieza a aumentar el gasto público y a disminuir los ingresos propios del sistema.
Resulta preocupante el seguimiento que se realiza a la población ocupada y la forma en que estos datos son difundidos, especialmente cuando se comunica una disminución del desempleo sin hacer suficiente énfasis en la definición utilizada para el concepto de población ocupada: “corresponde a las personas de 15 años y más que, durante el período de referencia: trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo o negocio, y trabajaron en la semana de referencia por lo menos una hora sin remuneración” (2), siendo una definición muy amplia que puede generar interpretaciones equívocas sobre la dinámica real del mercado laboral, razón por la cual resulta necesario contextualizar adecuadamente los indicadores que se comunican a la opinión pública.